Ciudad de México, 18 de febrero de 2026 — Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la norma del Código Civil de la Ciudad de México que limita al alza anual en los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a casa habitación, de modo que dichos incrementos no puedan superar el nivel de inflación del año inmediato anterior.
La resolución aprobó el artículo 2448-D, vigente desde agosto de 2024, tras resolver el amparo en revisión 546/2025 promovido por una empresa arrendadora que argumentaba violaciones a derechos como la libertad contractual y la igualdad.
En la discusión, las ministras y ministros señalaron que esta regulación fortalece el derecho constitucional a la vivienda digna, especialmente ante contextos de presión inmobiliaria y procesos de gentrificación urbana que han encarecido el mercado de arrendamiento en la capital.
Según datos presentados durante la sesión, en las últimas dos décadas el valor del suelo en la Ciudad de México se ha incrementado de manera considerable, lo que ha reducido la proporción de habitantes con vivienda propia y ha generado desplazamientos de poblaciones.
El fallo implica que, por ejemplo, un contrato de renta con un monto de 10 000 pesos mensuales sólo podría aumentar en proporción al índice de inflación correspondiente al año anterior (por ejemplo, alrededor de 3.69 % para 2025), evitando así incrementos desproporcionados que afecten la accesibilidad a la vivienda.
Además de este tema, el pleno de la Corte también validó la constitucionalidad de la pena de hasta 70 años de prisión establecida en el Código Penal del Estado de Morelos para el delito de homicidio calificado, determinando que la amplitud de ese rango de sanciones no vulnera, por sí mismo, el derecho constitucional a la reinserción social. Se enfatizó que, más allá de la duración abstracta de la pena, el Estado debe garantizar condiciones que favorezcan la preparación de las personas sentenciadas para su retorno a la vida en libertad.
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